{"id":3297,"date":"2020-12-17T13:39:08","date_gmt":"2020-12-17T17:39:08","guid":{"rendered":"http:\/\/gavvi.monstruoestudio.com\/?p=3297"},"modified":"2021-06-04T14:54:28","modified_gmt":"2021-06-04T18:54:28","slug":"primera-parte-aspectos-generales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alvi.centrojuanaazurduy.org\/index.php\/primera-parte-aspectos-generales\/","title":{"rendered":"PRIMERA PARTE – ASPECTOS GENERALES"},"content":{"rendered":"\t\t
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PRIMERA PARTE – ASPECTOS GENERALES<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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1. OBJETO Y ALCANCE<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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1.1 JUSTIFICACI\u00d3N<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Para efectos del presente instrumento de alcance y aplicabilidad interinstitucional, es importante hacer referencia a la incidencia y gravedad del problema de la violencia hacia ni\u00f1as, ni\u00f1os, adolescentes y mujeres en el pa\u00eds.<\/p>

Un importante avance fue la promulgaci\u00f3n del C\u00f3digo Ni\u00f1a, Ni\u00f1o y Adolescente, precedentemente se dictaron algunas otras leyes que buscaron prevenir y proteger a las v\u00edctimas de violencia. A pesar de contar con esta normativa y protocolos para luchar contra la violencia, las cifras revelan que el 83% de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes es castigado f\u00edsica y psicol\u00f3gicamente; tres de cada diez ni\u00f1os son v\u00edctimas de maltrato psicol\u00f3gico, seis de cada diez de maltrato f\u00edsico y cuatro de violencia sexual (UNICEF, 2016).<\/p>

En Bolivia nueve de cada diez ni\u00f1os o ni\u00f1as sufren de alg\u00fan tipo de violencia, ya sea f\u00edsica, psicol\u00f3gica y sexual. De los casos de violencia sexual, el 41% corresponde a v\u00edctimas menores de 10 a\u00f1os, un 29% a v\u00edctimas menores de 15 a\u00f1os y un 19% de v\u00edctimas menores a 18 a\u00f1os. Del total, un 89% son v\u00edctimas mujeres y un 11% hombres (Defensor\u00eda del Pueblo, 2014). De acuerdo a la FELCV, en el primer semestre de 2017 se reportaron 304 agresiones sexuales contra ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes
en Bolivia, mientras que, en 2018, durante el mismo per\u00edodo, ocurrieron 435, es decir el porcentaje subi\u00f3 en 28%. Al concluir el a\u00f1o 2018 la FELCV registr\u00f3 996 denuncias por violaci\u00f3n a infantes, ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes y 725 denuncias por estupro, entre cuatro y cinco casos diarios1<\/sup><\/a>.<\/p>

Respecto a la violencia contra las mujeres es necesario recordar algunos datos que muestran la situaci\u00f3n previa a la promulgaci\u00f3n de la Ley No. 348. De acuerdo a datos del INE 2010, en el segundo semestre de 2009, 13.000 mujeres denunciaron en 98 oficinas de Servicios Integrales Municipales haber sufrido violencia, 2.169 por mes, 87 por d\u00eda, 11 cada hora, y esta no es la dimensi\u00f3n real de la violencia en Bolivia, puesto que estos datos solo representan los casos de mujeres que lograron denunciar. (INE, 2010).<\/p>

El Informe Defensorial realizado el a\u00f1o 2012, identificaba como un factor negativo para la efectiva atenci\u00f3n y protecci\u00f3n a las v\u00edctimas de violencia: \u201cLa escasa coordinaci\u00f3n interinstitucional existente entre las instituciones estatales responsables de la atenci\u00f3n a mujeres que se encuentran en situaci\u00f3n de violencia.\u00a0Por tanto, es preciso establecer nexos de coordinaci\u00f3n entre el Ministerio P\u00fablico con dichas instituciones p\u00fablicas y privadas, aportando de este modo a la reducci\u00f3n de la impunidad y la revictimizaci\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>

El alto \u00edndice de violencia contra las mujeres en raz\u00f3n de g\u00e9nero y la poca o <\/span>ninguna respuesta por parte del sistema de justicia impuls\u00f3 a las organizaciones\u00a0<\/span>de mujeres a demandar al Estado boliviano la necesidad de implementar una Ley\u00a0<\/span>integral de la que deriven pol\u00edticas efectivas para erradicar la violencia contra la\u00a0<\/span>mujer y eliminar la impunidad de delitos de los que son v\u00edctimas, mayormente\u00a0<\/span>mujeres, quienes por el estado patriarcal, los estereotipos y roles de g\u00e9nero social y\u00a0<\/span>culturalmente construidos, la falta de recursos y dependencia econ\u00f3mica, el temor\u00a0<\/span>a ser estigmatizada y la presi\u00f3n familiar, no denuncian, callan y soportan los hechos\u00a0<\/span>violentos perpetrados en contra de ellas. (Defensor del Pueblo, 2012).<\/span><\/p>

Consecuencia de ello fue promulgada la Ley No. 348, \u201cLey Integral para Garantizar\u00a0<\/span>a las Mujeres una Vida Libre de Violencia\u201d, misma que se funda en el\u00a0<\/span>mandato constitucional del art\u00edculo 15 y en los Instrumentos, Tratados y Convenios\u00a0<\/span>Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a\u00a0<\/span>todas las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, en particular a las mujeres, el\u00a0<\/span>derecho a no sufrir violencia f\u00edsica, sexual y\/o psicol\u00f3gica tanto en la familia como\u00a0<\/span>en la sociedad.<\/span><\/p>

No obstante, este importante avance normativo que permiti\u00f3 visibilizar la violencia\u00a0<\/span>contra las mujeres (de todas las edades) en todas sus formas, la prevalencia de\u00a0<\/span>los hechos de violencia contin\u00faa siendo muy alta. Seg\u00fan datos de la Encuesta de\u00a0<\/span>Prevalencia y Caracter\u00edsticas de la Violencia contra las Mujeres (EPCVcM), en el\u00a0<\/span>\u00e1mbito privado 393.370 mujeres vivieron alg\u00fan episodio de violencia por parte de\u00a0<\/span>su enamorado, novio, o ex pareja, que representa 51,9% de un total de 757.408 mujeres solteras de 15 a\u00f1os o m\u00e1s edad a nivel nacional. El tipo de violencia m\u00e1s com\u00fan es la psicol\u00f3gica, donde el agresor controla a su pareja en su forma de vestir, en sus amistades y horarios, entre otros, este alcanza a 46,5% de las mujeres solteras; 21,2% sufri\u00f3 violencia sexual; 16,8%, violencia f\u00edsica y 12,2%, violencia econ\u00f3mica, todas estas agresiones fueron cometidas por su enamorado o ex enamorado. (INE y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 2016).<\/span><\/p>

En el periodo 2015 \u2013 2018 (marzo) del total de procesos registrados (113.269) en el marco de la Ley No. 348, el 64% ha concluido, sin embargo, solo el 1,62% de las causas cerradas obtuvieron una sentencia condenatoria luego de un juicio ordinario (representa el 1,13% del total de casos). El 3,3% la obtuvo mediante un proceso abreviado, alcanzando entre ambas el 4,92% (Defensor\u00eda del Pueblo, 2019), estos datos muestran el elevado patr\u00f3n de impunidad existente en el pa\u00eds, aproximadamente, solo cinco de cada 100 causas por delitos de violencia concluyeron con una sentencia condenatoria en el periodo indicado.<\/span><\/p>

En contrapartida, los rechazos del Ministerio P\u00fablico representan el 84,96% de las causas cerradas. Si a ello se suman las salidas alternativas de la conciliaci\u00f3n y la suspensi\u00f3n condicional del proceso (0,21%), los criterios de oportunidad reglada (5,34%) y los sobreseimientos (4,54%), es posible afirmar que al menos el 95,05% de las causas por delitos de violencia se cerraron sin una sanci\u00f3n. (ONU Mujeres, 2019).<\/span><\/p>

Las medidas de protecci\u00f3n previstas en la Ley No. 348 han enfrentado dificultades en su aplicaci\u00f3n que responde a vac\u00edos normativos, falta de valoraci\u00f3n de riesgos para las v\u00edctimas, demora en su disposici\u00f3n y homologaci\u00f3n judicial, as\u00ed como falta de seguimiento y acciones efectivas ante su incumplimiento. (Alianza Libres sin Violencia, 2018).<\/span><\/p>

Con el prop\u00f3sito de dar respuesta a estas falencias el 08 de mayo de 2019 se promulg\u00f3 la Ley No. 1173, que busca el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta para las ni\u00f1as, ni\u00f1os, adolescentes y mujeres v\u00edctimas de violencia, aspecto que demanda la unificaci\u00f3n de criterios de atenci\u00f3n y la adopci\u00f3n transversal de la visi\u00f3n sensibilizadora y no revictimizante de la norma para lo que es indispensable adoptar un protocolo interinstitucional.<\/span><\/p>

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1.2 OBJETIVO<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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El objetivo del presente Protocolo Interinstitucional es:<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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\u201cEstandarizar los procedimientos y actuaciones a seguir por cada servicio profesional competente, para brindar una respuesta adecuada, inmediata y no revictimizante a las necesidades y requerimientos de las v\u00edctimas de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra ni\u00f1as, ni\u00f1os, adolescentes y mujeres, en el marco de la articulaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n interinstitucionales y de sus respectivas funciones y atribuciones en materia de prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n integral, protecci\u00f3n, sanci\u00f3n y reparaci\u00f3n de los hechos de violencia\u201d.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Su adopci\u00f3n no excluye otros instrumentos espec\u00edficos a ser adoptados o actualizados por las instituciones destinatarias conforme dispone la Ley No. 1173, siendo necesaria su compatibilizaci\u00f3n de manera que sean complementarios.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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1.3 \u00c1MBITO DE APLICACI\u00d3N<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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El \u00e1mbito de protecci\u00f3n para la aplicaci\u00f3n de este protocolo comprende a:<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes<\/b><\/span><\/p><\/td>

Sin ning\u00fan tipo de discriminaci\u00f3n, que sean v\u00edctimas de delitos vinculados a las distintas formas de violencia que atenten contra sus derechos a la vida o integridad f\u00edsica, psicol\u00f3gica o sexual, cometidos por miembros de su entorno familiar o por cualquier otra persona conocida o desconocida, incluidos ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes que participen en un proceso penal por delitos de violencia en calidad de testigos. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

Mujeres, biol\u00f3gicas o con identidad de g\u00e9nero femenina <\/b><\/span><\/p><\/td>

En relaci\u00f3n a los actos de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, sexual o econ\u00f3mico \u2013 patrimonial u otros previstos en la legislaci\u00f3n, que constituyan delitos y sean cometidos por la pareja, ex pareja o en el marco de cualquier otra relaci\u00f3n de intimidad, familiar o interpersonal, en cualquier \u00e1mbito privado o p\u00fablico, incluidos aquellos actos cometidos por desconocidos en contra de mujeres basados en su pertenencia al sexo o g\u00e9nero femenino incluso sin necesidad de que exista una relaci\u00f3n previa con la v\u00edctima de ninguna naturaleza. <\/span><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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La protecci\u00f3n y el auxilio a la v\u00edctima es extensible a las hijas, hijos y otras personas dependientes de la mujer.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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1.4 FINALIDADES<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Generar mecanismos de coordinaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n interinstitucionales que permitan brindar servicios complementarios de asistencia y evitar la duplicidad de esfuerzos, proporcionando una respuesta institucional integral, oportuna y especializada de atenci\u00f3n a las v\u00edctimas de violencia. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

Aplicar de manera articulada y coordinada las directrices del presente Protocolo en las diferentes instituciones responsables de brindar prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n integral, protecci\u00f3n y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas de delitos previstos en el marco de la normativa. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

Respetar la dignidad de las ni\u00f1as, ni\u00f1os, adolescentes y mujeres garantizando el ejercicio de sus derechos mediante actuaciones con sensibilidad, eficacia y eficiencia en la prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n integral, protecci\u00f3n, sanci\u00f3n y reparaci\u00f3n. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

Lograr una efectiva articulaci\u00f3n de funciones para mejorar la capacidad y tiempos de respuesta de las diferentes instituciones para la atenci\u00f3n integral a las v\u00edctimas. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

Evitar la revictimizaci\u00f3n mediante actos o procedimientos repetitivos e innecesarios que puedan producir un sufrimiento a\u00f1adido a la v\u00edctima por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atenci\u00f3n y protecci\u00f3n a la v\u00edctima. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

Desarrollar una investigaci\u00f3n penal estrat\u00e9gica e inteligente que permita reducir la impunidad de los hechos de violencia, la que deber\u00e1 ser apoyada por todas las instituciones en el marco de sus funciones y atribuciones. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

Lograr una efectiva articulaci\u00f3n de funciones para mejorar la capacidad y tiempos de respuesta de las diferentes instituciones para la atenci\u00f3n integral a las v\u00edctimas. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

Garantizar el acceso gratuito a la justicia, la diligencia debida en los procesos de investigaci\u00f3n, la persecuci\u00f3n penal y sanci\u00f3n, la recuperaci\u00f3n f\u00edsica y emocional, el resarcimiento de da\u00f1os que ocasiona los actos de violencia y la restituci\u00f3n de derechos, en los casos que corresponda <\/span><\/p><\/td><\/tr>

Eliminar pr\u00e1cticas institucionales de discriminaci\u00f3n de g\u00e9nero y generacional o por cualquier situaci\u00f3n o circunstancia personal de la v\u00edctima, en los procedimientos y decisiones que se tomen en todos los procesos por hechos de violencia. <\/span><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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1.5 PRINCIPIOS RECTORES<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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  • Con el fin de asegurar el acceso a la justicia a ni\u00f1as, ni\u00f1os, adolescentes y mujeres v\u00edctimas y testigos de delitos de violencia, las instituciones responsables de la atenci\u00f3n y protecci\u00f3n deben respetar los siguientes principios:<\/li>
  • Inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a, ni\u00f1o y adolescente.<\/b> Toda ni\u00f1a, ni\u00f1o y adolescente tiene derecho a que se consideren prioritarios sus intereses fundamentales y ellos sean ponderados por encima de cualquier otro. Este principio se traduce en la garant\u00eda que tienen de gozar de una protecci\u00f3n especial e integral que los reconozca efectivamente como sujetos de derechos; e impone la obligaci\u00f3n de prevenir la amenaza o vulneraci\u00f3n de sus derechos. Esto incluye el derecho a la protecci\u00f3n y a la opini\u00f3n para desarrollarse en forma arm\u00f3nica. Cuando se trate de tomar decisiones que afecten los derechos de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes o incluir la participaci\u00f3n de \u00e9stos, se debe aplicar el mejor inter\u00e9s para ellos.<\/li>
  • Ejercicio progresivo de derechos. <\/b>Se garantiza a las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, el ejercicio personal de sus derechos, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva.<\/li>
  • Prioridad absoluta.<\/b> Las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes ser\u00e1n objeto de preferente atenci\u00f3n y protecci\u00f3n, en la prestaci\u00f3n de auxilio y atenci\u00f3n en situaciones de vulnerabilidad y en la protecci\u00f3n y socorro en cualquier circunstancia, oblig\u00e1ndose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo de los derechos y garant\u00edas de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes.<\/li>
  • Especialidad.<\/b> Las y los servidores p\u00fablicos que tengan competencias para conocer hechos de violencia contra ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescente deben contar con los conocimientos necesarios y espec\u00edficos.<\/li>
  • Atenci\u00f3n prioritaria y diferenciada.<\/b> Las v\u00edctimas deben recibir atenci\u00f3n, asistencia y protecci\u00f3n prioritarias, por parte de instituciones p\u00fablicas y privadas, resguardando su integridad y salud f\u00edsica, as\u00ed como psicol\u00f3gica, adoptando medidas apropiadas para responder a sus necesidades particulares. Asimismo, deber\u00e1n proveer a la v\u00edctima y\/o familiares o tutores informaci\u00f3n respecto al derecho a interponer la denuncia, solicitar medidas de protecci\u00f3n, seguridad oportuna y una recuperaci\u00f3n integral.<\/li>
  • Igualdad sustantiva.<\/b> Las personas somos iguales ante la Ley por la que se reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales, la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de esos derechos y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana y en espec\u00edfico en el acceso a la justicia.<\/li>
  • No discriminaci\u00f3n. <\/b>V\u00edctimas, testigos y sus familiares tienen derecho a un trato equitativo y justo, sin que las categor\u00edas de origen, etnia, color, sexo, orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacionalidad, impedimentos f\u00edsicos o cualquier otra condici\u00f3n que sea utilizada para menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos.<\/li>
  • Debida diligencia.<\/strong> Es deber del Estado proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislaci\u00f3n nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares. Una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar de oficio y sin dilaci\u00f3n, una investigaci\u00f3n seria, imparcial, efectiva y con perspectiva de g\u00e9nero hasta la determinaci\u00f3n de la verdad.<\/li>
  • Respeto.<\/b> En todas las etapas del proceso se respetar\u00e1 su condici\u00f3n de v\u00edctima y por ning\u00fan motivo se mostrar\u00e1 una conducta prejuiciosa y\/o irrespetuosa hacia su cultura, familia, identidad de g\u00e9nero, creencias religiosas, situaci\u00f3n econ\u00f3mica, actividad laboral o cualquier otra situaci\u00f3n vinculada a los hechos denunciados.<\/li>
  • Calidad y calidez.<\/b> Las mujeres, ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, u otras personas que han sido v\u00edctimas de delitos o testigos de hechos delictivos, deben recibir protecci\u00f3n y un trato justo cuando tengan que relatar los hechos.<\/li>
  • Justicia despatriarcalizadora.<\/b> Implica transformar la forma de impartir justicia de manera que las actuaciones y decisiones judiciales respondan a criterios de equidad, igualdad y no discriminaci\u00f3n, de manera que la aplicaci\u00f3n de la ley no perpet\u00fae la subordinaci\u00f3n, opresi\u00f3n y dominaci\u00f3n de las mujeres.<\/li>
  • Oficiosidad reforzada.<\/b> El Estado est\u00e1 obligado, una vez que toma conocimiento del delito de violencia, iniciar de oficio una investigaci\u00f3n seria y efectiva de los hechos. En este sentido la investigaci\u00f3n debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinaci\u00f3n de la verdad y a la persecuci\u00f3n, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables de los hechos.<\/li>
  • Gratuidad.<\/b> El acceso a la administraci\u00f3n de justicia es gratuito, sin costo alguno para las v\u00edctimas de violencia; siendo \u00e9sta la condici\u00f3n para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. La situaci\u00f3n econ\u00f3mica de las partes, no puede colocar a una de ellas en situaci\u00f3n de privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminaci\u00f3n.\u00a0<\/li>
  • Consentimiento informado.<\/b> La v\u00edctima tiene derecho a dar su consentimiento informado sobre su participaci\u00f3n en ex\u00e1menes, pericias, entrevistas, audiencias y todo tipo de procedimiento, as\u00ed como en las medidas de asistencia que se le recomienden. Tiene derecho a que se le expliquen sus alcances, efectos y contar con la presencia de una persona de su confianza durante su realizaci\u00f3n.<\/li>
  • Credibilidad.<\/b> Las y los servicios de atenci\u00f3n a la v\u00edctima, en especial al momento de la recepci\u00f3n de la denuncia, dar\u00e1n cr\u00e9dito a la palabra de la v\u00edctima en el marco del debido proceso, a fin de iniciar las acciones legales pertinentes y dar inicio a una investigaci\u00f3n seria y efectiva que permita confirmar la veracidad de los hechos e identificar a los responsables de los mismos.<\/li>
  • Valor reforzado del testimonio de la v\u00edctima.<\/b> Implica dar credibilidad a la declaraci\u00f3n de la v\u00edctima, la que constituye una prueba fundamental que al contrastarla con otras pruebas es necesario liberarse de los prejuicios de c\u00f3mo deber\u00edan haber actuado las v\u00edctimas (estereotipo de la v\u00edctima ideal); entender la din\u00e1mica misma de la violencia; las relaciones de poder que pueden existir entre la v\u00edctima y el agresor; y no prejuzgar sobre la forma de vida de la v\u00edctima o sobre sus actos anteriores o posteriores a los hechos ya que no son ellos los investigados ni juzgados.<\/li>
  • Participaci\u00f3n efectiva.<\/b> Comprende el acceso equitativo y efectivo de la v\u00edctima a la justicia y una reparaci\u00f3n adecuada, efectiva y pronta por el da\u00f1o sufrido. El proceso debe desarrollarse garantizando tambi\u00e9n el respeto y la participaci\u00f3n de los familiares o personas que conviven con la v\u00edctima en su condici\u00f3n de v\u00edctimas indirectas.<\/li>
  • Laicidad.\u00a0<\/b>Cobra especial relevancia en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la Ley puesto que obliga a cambios en la cultura judicial desde el punto de vista de los roles de hombres y mujeres en la sociedad, por lo que es obligaci\u00f3n de los\/as servidores\/as superar los criterios religiosos o la invocaci\u00f3n de costumbres o tradiciones culturales para justificar la violencia e interpretar las Leyes. Este principio en la administraci\u00f3n de justicia, refuerza la separaci\u00f3n del poder pol\u00edtico del poder religioso, y garantiza la independencia judicial, con la pretensi\u00f3n de evitar que servidores\/as judiciales, puedan interponer sus convicciones morales y religiosas personales en el desempe\u00f1o de su labor.<\/li>
  • Potenciamiento de la autonom\u00eda de la mujer. <\/b>El empoderamiento de las mujeres es un fin en s\u00ed mismo en todas las actuaciones en materia de violencia contra la mujer permite que las mujeres adquieran herramientas psicosociales para afrontar los conflictos de manera m\u00e1s adecuada, que recompongan su autoestima despu\u00e9s de los procesos de degradaci\u00f3n personal a los que han estado sometidas y que dispongan de recursos profesionales productivos y ayudas sociales que posibiliten iniciar una vida aut\u00f3noma, sola o en compa\u00f1\u00eda de sus hijos e hijas.<\/li>
  • Equidad de g\u00e9nero.<\/b> Implica garantizar que las v\u00edctima accedan en condiciones de igualdad a la justicia, que supone reconocer que la violencia en raz\u00f3n de g\u00e9nero se produce en un contexto de desigualdad y relaciones de poder ante el que los sevicios de atenci\u00f3n y judiciales tiene un rol transformador aplicando el derecho al caso concreto con una perspectiva de g\u00e9nero.<\/li><\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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    1.6 ENFOQUES<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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    Sensible no revictimizante <\/b><\/span><\/p><\/td>

    Implica comprender la gravedad del problema en todas sus manifestaciones, causas, desarrollo y efectos en la v\u00edctima y su entorno para brindarle una respuesta adecuada, prioritaria, integral y efectiva. La no revictimizaci\u00f3n debe estar orientada a brindar un trato digno a la v\u00edctima, precautelar su integridad, evitando la confrontaci\u00f3n directa con el agresor, as\u00ed como entrevistas, interrogatorios, ex\u00e1menes y actuados repetitivos e innecesarios, conductas prejuiciosas y otras actitudes que generen en la v\u00edctima un da\u00f1o o un perjuicio adicional a los da\u00f1os derivados del momento de la comisi\u00f3n del delito. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

    Derechos Humanos <\/b><\/span><\/p><\/td>

    Desarrolla la capacidad de los garantes de derechos para cumplir con sus obligaciones; por otro lado, alienta a los titulares de derechos a reivindicarlos. Comprende la obligaci\u00f3n de hacer accesibles los recursos judiciales: sencillos, r\u00e1pidos, id\u00f3neos e imparciales, de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos y evitar la impunidad. Se centra en los grupos de poblaci\u00f3n que son objeto de una mayor marginaci\u00f3n, exclusi\u00f3n y discriminaci\u00f3n. Este enfoque requiere un an\u00e1lisis de las normas de g\u00e9nero, de las diferentes formas de discriminaci\u00f3n y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable. Debe aplicar los est\u00e1ndares de derechos humanos y basarse en el respeto a la dignidad de la persona. <\/span><\/p><\/td><\/tr>

    Generacional <\/b><\/span><\/p><\/td>

    Parte del reconocimiento de que ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes tienen necesidades diferenciadas de las personas adultas, por lo que las intervenciones con v\u00edctimas de violencia requieren aplicar estrategias que contemplen la edad de la v\u00edctima, para dar una atenci\u00f3n integral considerando las particularidades seg\u00fan momento de desarrollo y ciclo vital de las personas. Para ello, hay que considerar la intervenci\u00f3n desde espacios propios, separados de los espacios para adultos, atendiendo su inter\u00e9s superior y sus derechos como v\u00edctimas, incluido el respeto a su opini\u00f3n y sus decisiones en todo procedimiento que les afecte de acuerdo a su entendimiento y madurez bajo el principio de autonom\u00eda progresiva. <\/span><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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    Es una forma de observar la realidad con base en las variables de sexo y g\u00e9nero y sus manifestaciones en contextos hist\u00f3ricamente determinados. Aplicar el enfoque de g\u00e9nero, permite identificar y distinguir las relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres, que impiden el ejercicio de los mismos derechos en igualdad de condiciones. Por ello, considerar diferencialmente la situaci\u00f3n de mujeres y hombres, en los casos de violencia, constituye una herramienta indispensable para asegurar una respuesta adecuada as\u00ed como actuar y decidir libre de estereotipos y prejuicios de g\u00e9nero. <\/span><\/p><\/td>

    G\u00e9nero<\/span><\/p><\/td><\/tr>

    Se basa en el reconocimiento de los derechos de todos los pueblos y etnias a ser respetados y valorados en sus tradiciones, estilos de vida y culturas diferentes. Para las actuaciones institucionales significa que hay que ofrecer atenci\u00f3n a las v\u00edctimas tomando en consideraci\u00f3n sus identidades, expresiones y necesidades, utilizando su propio idioma, comprendiendo sus costumbres y descartando prejuicios y mitos que expresen xenofobia o racismo. <\/span><\/p><\/td>

    Interculturalidad<\/span><\/p><\/td><\/tr>

    Permite identificar las variadas identidades que confluyen en una misma persona y que permite exponer los diferentes tipos de discriminaci\u00f3n y desventaja que se dan como consecuencia de la combinaci\u00f3n de tales identidades. <\/span><\/p><\/td>

    Interseccional<\/span><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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    1.7 INSTITUCIONES DESTINATARIAS<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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    Las y los destinatarios de este Protocolo son: servidores y servidoras p\u00fablicas, personal de instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales que tengan participaci\u00f3n en cualquier etapa de la Ruta Cr\u00edtica, sea de mecanismos de atenci\u00f3n, asistencia, protecci\u00f3n, sanci\u00f3n y reparaci\u00f3n. Este Protocolo se constituye en una herramienta para el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las funciones de estos mecanismos por parte de las instancias competentes.<\/p>\n

    Entre \u00e9stos se tiene a los siguientes:<\/p>\n